El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida” es el documento que recoge las estrategias, programas, metas y presupuestos que el Gobierno se ha trazado para este cuatrienio. Se ha construido tratando de recoger las voces de comunidades de todo el país, compromisos previos del Estado y acuerdos internacionales vigentes.
Esto es esperanzador para quienes abogamos por la niñez colombiana. Así podemos esperar que la responsabilidad que tiene el Estado colombiano con su población infantil estará presente en la hoja de ruta del Gobierno actual y, mejor aún, que políticas como De Cero a Siempre y la Declaración Universal sobre los Derechos de los Niños y de las Niñas (adoptada y suscrita por Colombia con la Ley 12 de 1991) no serán un referente simbólico y discursivo, sino una guía normativa para actuar y cumplir.
El análisis elaborado por NiñezYa*, justamente para contribuir en la formulación de este Plan y con el ánimo de lograr mayores avances en la garantía de los derechos de la niñez, nos entrega un parte de tranquilidad, en razón de que el PND menciona asuntos esenciales sobre el cuidado y la protección de los más pequeños en las cinco grandes transformaciones que plantea. En el capítulo “Seguridad Humana y Justicia Social”, por ejemplo, se ve un asunto trascendental como lo es el acceso real y efectivo a los servicios de salud de gestantes, niños, niñas y adolescentes, e incluye dos indicadores importantes: la razón de mortalidad materna y la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años.
Leerlos en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo es alentador. Tendría mucho sentido que en la apuesta por la vida el Gobierno acoja de forma prioritaria las herramientas ya existentes como la Ruta para la Promoción y el Mantenimiento de la Salud y la Ruta Maternoperinatal. También que adoptara formalmente la Ruta de Alteraciones Nutricionales y el Conpes para el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, así como otros instrumentos diseñados y adoptados en resoluciones que ya recorrieron caminos administrativos para implementarse eficazmente.
Los abanderados de la nutrición infantil desde todos los sectores, hemos reiterado la imperiosa necesidad de asignar recursos e incluir la ejecución de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) y ENDS, garantizando al menos la periodicidad quinquenal. El impacto de la nutrición en el capital humano y en el desarrollo económico de los territorios es suficiente razón para que un Estado se ocupe ―como punto de partida― de tener el panorama actualizado sobre cómo nacen y crecen sus niños y niñas en cada región y en cada municipio. Dichas encuestas poblacionales no se pueden postergar más.
Este es un llamado para que la vida de la niñez colombiana sea prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo. En las modificaciones que aún pueden ser consideradas por el Gobierno, es sano que esta población se visibilice expresamente y de forma transversal, porque hay varios apartados donde no se menciona. Debe quedar establecido cómo se les brinda la primacía a sus derechos como manda la Constitución, especificando los enfoques, los recursos, los indicadores y las metas.
Se debe ver con optimismo cada nueva oportunidad de que exista en Colombia un plan certero pensado para cuidar mejor la vida de la niñez en nuestro país, sin más dilaciones y atendiendo las políticas e instrumentos existentes para lograrlo. Qué bueno sería que en Colombia se sigan ejemplos internacionales exitosos como el chileno para asuntos concretos como la erradicación de la desnutrición infantil. Al respecto el Programa Mundial de Alimentos –PMA– exaltó que el país austral logró este inmenso avance por “(…) la existencia de una política de Estado de lucha contra ese fenómeno, aplicada de manera sostenida durante décadas, independientemente de los vaivenes políticos y económicos que sufrió el país. Este resultado se debió en gran medida al consenso técnico logrado en el país respecto al tema de la desnutrición y sobre las políticas y programas más adecuados para enfrentarlo”.
*Coalición de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil que aboga por la garantía de los derechos de la niñez colombiana en la política pública.
