Hace algunos días en redes sociales y en medios de comunicación se incluyó como tema de preocupación lo que pasa en Medellín con la desnutrición infantil. Sobran razones para que el alcalde de esta ciudad o de cualquier municipio colombiano se pregunte por el indicador de desnutrición crónica de su primera infancia.
Al menos alivia constatar que existe inquietud ante un mal evitable y devastador que debería erradicarse con urgencia de todas las ciudades y territorios colombianos. Y del mundo.
Resulta comprensible angustiarse por los niños y niñas que lejos de vivir su derecho a crecer sanos, están viviendo el rezago absurdo que implica tener desnutrición crónica o retraso en talla desde el inicio de la vida, a los ojos de una sociedad a la que le sigue costando mucho articularse para asegurarles una debida atención y una mejor protección.
No se puede negar la complejidad que existe para acceder a los indicadores sobre el estado nutricional de la niñez de forma oportuna y desagregada. En Colombia, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) que mide la prevalencia de los principales indicadores asociados con desnutrición crónica, aguda y global, no se ha publicado desde el 2015 y no ofrece el dato por municipios.
Por ello, algunas secretarías de Salud en los territorios, responsables de conocer cómo están creciendo los niños y niñas y de publicar dicho reporte (prevalencias) acogen sistemas de seguimiento y vigilancia locales. En Medellín, según lo explicó el Observatorio ciudadano Cómo Vamos, la fuente de la Secretaría de Salud responsable del indicador en la ciudad es el Sistema de Seguimiento Nutricional Infantil SENIN. Pero ahí no está el problema.
El indicador se calcula con la proporción de los niños y niñas que tienen retraso en talla o desnutrición crónica del total de quienes están registrados en el sistema porque asisten a control de crecimiento y desarrollo.
No se puede tomar el total de niños y niñas de esta edad reportados por el DANE porque se calcula a partir de los datos: de quienes se tiene la talla, la edad, el peso, etc. Sin embargo, este tampoco es el problema real.
Las cifras dadas a conocer por Medellín Cómo Vamos son las mismas reportadas por la administración. Las que corresponden al 2021 mostraron un aumento en la desnutrición crónica; pasó de 7,4% en 2019 a 7,8% en 2021 (la más alta de los últimos ocho años). Y vale la pena anotar que el esquema de medición ha sido el mismo desde que este indicador se monitorea en la ciudad (hace más de 10 años). Aquí sí está el problema.
Como los datos que se dan a conocer en los ejercicios de veeduría ciudadana son los mismos datos que reportan las secretarias de salud de las respectivas administraciones y no ha habido ninguna variación en cómo se llega a ellos, no es sano distraerse en este punto. Lo que sí tiene que generar gran preocupación es que sí hubo cambio en un indicador tan sensible para la vida de cualquier persona.
Se trata de una situación anormal del crecimiento que impide a un niño o niña desarrollar su cerebro de forma adecuada por falta de cosas tan supremamente esenciales como una buena alimentación. Quienes no se recuperan de desnutrición crónica antes de los 5 años tendrán casi seguro un rezago en su desempeño cognitivo, una desventaja improbable de resarcir. Esto explica fenómenos tan frustrantes como la deserción escolar a edades tempranas, la apatía por esforzarse para desempeñar un trabajo, la dificultad para concentrarse o entender situaciones, para tomar decisiones que no atenten contra la propia integridad, entre otras particularidades trascendentales que marcan el destino.
Así que es urgente la discusión en una ciudad capital que no solo tiene aún miles de niños y niñas con este desolador horizonte, sino que tristemente resulten miles más, en vez de ser menos.
Tal vez la preocupación del alcalde de Medellín pueda servir para que en la ciudad y en los demás territorios colombianos las cifras que representan vidas en riesgo, activen por fin la sincronía que la niñez requiere.
Si los mandatarios locales cuentan con programas y presupuestos asignados a la primera infancia, es muy sano y urgente que se pregunten por qué sus buenas intenciones y su voluntad política no se refleja aún en el bienestar y la salud de los niños y niñas altamente vulnerables que hacen parte de su población.