Creo que para nadie que espera hacer parte activa de un estado social de derecho en su real dimensión, resulta indiferente el que se alcen voces para reclamar los derechos esenciales para una vida digna. Lo tristemente sorprendente es que ni en las de este año, ni en ninguna de las marchas similares que ha tenido el país, se ha considerado como bandera el incumplimiento de la sociedad, la familia y el Estado con la niñez colombiana.
Este asunto nada menor sí que ha estado ausente en la mayoría de las agendas, discursos, escenarios y reuniones de nuestra vida pública. Me pregunto si en una de las grandes marchas del siglo pasado, como las de 1909, 1929, 1948, 1954, 1957, 1991… la ciudadanía le solicitó al gobierno de turno la implementación de vías efectivas para cubrir las necesidades básicas de los menores de 5 años, una población que por su edad no puede reclamar lo suyo en nombre propio.
De haber ocurrido tal utopía, tendríamos generaciones con gente más capacitada para luchar por su propio progreso y el del país, porque tal vez su nutrición, salud, entorno familiar, social y condiciones ambientales hubieran mejorado periódicamente para cultivar una ciudadanía en evolución. Pero como hemos recordado también, Colombia no se ha caracterizado por ser activista social y en las pocas oportunidades que se ha manifestado, su niñez ha estado ausente.
En diferentes lugares del mundo se han librado por los niños y niñas importantes reclamaciones. El principal legado es la Declaración sobre los Derechos de los Niños y de las Niñas (1959) y una serie de convenios y protocolos que han permitido a lo largo de los años darles la suficiente importancia. Aquí logramos acogerlas en nuestro marco legal y constitucional, aunque nos ha costado mucho hacer que se cumplan y varias siguen sólo en el papel.
En el mundo de los niños y las niñas hay una alta dependencia de los otros, los mayores, para que asuman las riendas de su presente y de su futuro. La forma como lo hemos hecho sin ninguna duda, ha sido inferior al reto.
En los puntos del pliego del paro de este 2019, justos o no, no hay llamados concretos para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales e impostergables de los niños. Aunque en realidad no se requiere ni una ley, ni un decreto, ni un estatuto más.
Por citar unos pocos ejemplos: ya la normatividad establece el uso debido de los recursos asignados para la primera infancia. También consagra que en los territorios se tiene que fomentar la lactancia materna, destinar recursos para la promoción y el cuidado de la salud materno infantil y que el agua potable no tiene discusión como prioridad.
La consigna sería que lo soñado, acordado y plasmado en la Constitución y las leyes para el desarrollo integral de la primera infancia, sea asumido por todos los sectores del país. Es un imperativo que actúe la tríada Estado-familia-sociedad, pero 7 x 24. Es decir a toda hora, porque la niñez colombiana vulnerable no aguanta un receso más.
Gonzalo Restrepo, Presidente Junta Directiva Fundación Éxito