Para cumplir a cabalidad con los derechos de la infancia y la adolescencia del país, y con ello las leyes y tratados nacionales e internacionales suscritos por Colombia, el próximo presidente tiene importantes retos.
Un grupo de organizaciones expertas en niñez destacan ocho, entre los que están: detener cualquier tipo de violencia contra niñas y niños; diseñar una política pública para la población de 6 a 17 años; fortalecer a la familia y aplicar justicia con carácter pedagógico y restaurativo a los adolescentes en conflicto con la ley, como lo señala el Código de Infancia y Adolescencia.
“En Colombia, pese a avances importantes en la garantía de los derechos de la niñez, persisten brechas inaceptables en su cumplimiento. Abogamos por un país en el que ningún niño o niña muera por desnutrición, Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) e Infección Respiratoria Aguda (IRA); sea víctima de la violencia; deje de ir al colegio o de jugar por estar en actividades que no corresponden con su edad o reciba educación de baja calidad o excluyente, entre otras circunstancias, que trunquen sus posibilidades de pleno desarrollo”, señalaron los voceros de NiñezYA.
Esta iniciativa está conformada por 100 organizaciones de la sociedad civil, que desde 2017 trabajan en la estrategia para lograr que los asuntos urgentes de la infancia y la adolescencia estén en la agenda de los candidatos a la presidencia y después en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2012. “El documento La NIÑEZ no da espera-una mirada a su situación desde la sociedad civil es un trabajo colectivo que recoge la información sobre los temas más álgidos de esta población y sobre los cuales buscaremos que los candidatos a la presidencia se pronuncien”, aseguraron voceros de NiñezYA.
Para ello, representantes de la iniciativa gestionarán encuentros uno a uno con los candidatos presidenciales, realizarán foros regionales y un gran foro nacional en abril, mes de la niñez. Niñas, niños y adolescentes de diferentes regiones del país viajarán a Bogotá a encontrarse con los candidatos para exponerles su situación, hacer sus propuestas y asegurar compromisos.
Colombia cuenta con la Ley de Infancia y Adolescencia-1098 de 2006. Sin embargo, luego de 12 años, los avances en política han sido insuficientes para lograr el principio de la protección integral, con enfoque de equidad, diversidad y con la participación activa de la niñez en los espacios donde se debate y decide su futuro y el de la Nación. El país SÍ tiene una política pública de primera infancia (0 a 5 años), pero NO tiene una política pública de infancia y adolescencia (6 a 17 años).
Entre 2005 y 2014 murieron 15.299 niñas y niños: 3.065 por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) 8.184 por IRA (Infección Respiratoria Aguda) y 4.050 por desnutrición (Ministerio de Salud-ASIS, 2016). Cada año, más de 7.000 bebés entre los 0 y los 12 meses mueren en Colombia. Se calcula que el 70 % fueron EDA, IRA, infecciones, es decir, enfermedades prevenibles,detectables y curables (https://www.unicef.org/spanish/mdg/childmortality.html).
Las cifras son alarmantes. Los niños, niñas y adolescentes que viven en el campo, y los más pobres, tienen menos oportunidades educativas y menos logros académicos: el promedio de educación en Colombia para las zonas rurales es de 5,5 años; mientras que para zonas urbanas es de 9,2 años y el analfabetismo en mayores de 15 años de zonas rurales dispersas es casi 4 veces mayor que en los de zonas urbanas: 12,5 rural vs 3,3% urbano. De otro lado, el 40% del total de niños y niñas que no asisten al colegio corresponden a zonas afectadas por el conflicto y 135.000 niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad están por fuera de la educación regular. Es imperativo trabajar en torno a la equidad, la calidad y la eficiencia del gasto en educación para disminuir brechas y garantizar una educación con sentido para todos.
A pesar de que existen diferentes mecanismos creados por las leyes, como la Ley 724 de 2001, para la participación y visibilidad de niñas, niños y adolescentes, no se están asignando recursos. Se requieren espacios dignos para el juego, la recreación y el deporte, como ludotecas, bibliotecas y centros lúdicos y deportivos. Dichas actividades son fundamentales para la construcción de ciudadanía y convivencia pacífica, como lo demuestra la investigación de la Universidad Nacional y la Corporación Juego y Niñez. Además, las instancias legales de participación de la niñez solo existen en el papel.
El 45% de la población adulta en Colombia viene de hogares en los que ninguno de los padres tuvo educación; 27% viene de hogares en los que la máxima educación del padre o madre fue primaria. (Fundación FES, 2015). Además de servicios básicos, no cuentan con ingresos económicos ni con las herramientas necesarias para una crianza positiva. Por lo menos 26% de las mujeres y 15,8% de los hombres reportan haber golpeado a sus hijos como una forma de castigo; mientras que 48,6% de las mujeres y 38% de los hombres los han disciplinado con alguna forma de abuso verbal (Informe Anual UNICEF, 2016).
En 2016, 86% de todos los exámenes médicos legales por presunto delito sexual se practicaron a niños, niñas y adolescentes (Forensis INML CF, 2016). La tasa (por cien mil habitantes) de violencia sexual contra las niñas va en incremento al pasar de 197,1 en 2010 a 205,5 en 2016 y se estima que presenta un subregistro del 30% (Fundación PLAN 2017, repositorio de datos Bogotá, Colombia a partir de cifras de Forensis INML CF, 2016. Alianza por la Niñez Colombiana).
Aunque la Ley de Infancia y Adolescencia señala que debe darse una sanción de carácter pedagógico, en la que participen la víctima y el acusado y se acompañe a las familias, esto no está ocurriendo; en la mayoría de los casos el juez opta por la libertad vigilada. Así los adolescentes regresan a sus entornos familiares donde persisten las múltiples privaciones, bajos niveles educativos y pocas herramientas afectivas y conductuales para la crianza. Su reincidencia en el delito es del 20,25%, mientras que la de los adultos es de 15% debido a que no se están aplicando los principios pedagógicos definidos en la ley 1098 (ICBF, 2016 y DANE, 2017, respectivamente).
De los 8.270.812 víctimas del conflicto armado, 29% (2.382.086) son menores de 18 años, de ellos 96,4% ha sufrido desplazamiento y solo 0,3% ha retornado a su lugar de origen (Fundación PLAN 2017, repositorio de datos Bogotá, Colombia a partir de cifras de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto, UARIV, 2017). Niñas, niños y adolescentes, en especial si han sido víctimas del conflicto armado, deben estar en el centro de todos los procesos que contribuyan a la construcción de la paz.
Ángela Constanza Jerez
n310 2497831
Ninfa Esperanza Sandoval
n315 3363553
Convocan: Agencia Pandi, Aldeas Infantiles SOS, Alianza Por la Niñez Colombiana, Corporación Juego y Niñez, Corporación Infancia y Desarrollo, Fundación Alpina, Fundación Empresarios por la Educación (FExE), Fundación Éxito, Fundación Kid Save Colombia, Fundación PLAN, Fundación Ratón de Biblioteca, Fundación Restrepo Barco, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Save the Children, Jerez &Sandoval – Medios y RS, McCann, Primero lo Primero, Proantioquia y World Vision.
La Corporación Juego y Niñez, en alianza con la U. Nacional, adelanta un estudio longitudinal para determinar el impacto que el programa Ludotecas Naves tiene en la infancia y en la primera infancia. Participan 540 niños y niñas de 1 a 13 años, de seis municipios, que asisten y no asisten al programa.